La desigualdad entre hombres y mujeres ha conllevado a la necesidad de reforzar la protección a las mujeres a través de la Ley de Violencia de Genero (LIVG) y de los pactos de estado que se han realizado. Esto justifica que los Tribunales no se limiten únicamente a aplicar la ley, sino que lo hagan desde una lógica social y teniendo en cuenta el espíritu de la propia norma: dar respuesta al “símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”, como manifiesta la exposición de motivos de la LIVG, y compensar el desequilibrio que existe entre ambos géneros.