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Artículo Incapacitación de un familiar. Solución a un problema

Fecha: 14 de junio de 2017 | Autor: | Etiquetas:

Parece que el término “incapaz” se asocia con una persona con una grave minusvalía física o psíquica que no puede valerse por si misma. Por ello, cuando alguien necesita apoyo en ciertos aspectos de su vida y no es consciente de ello, sus familiares suelen vivir muchas veces el necesario procedimiento de incapacidad como una traición. Sin ser conscientes de que es una forma de proteger a su ser querido.

¿Cuándo puede declararse a una persona incapaz?

El Código Civil establece que “una persona debe ser incapacitada cuando sufra una enfermedad o deficiencia persistente y grave, de carácter físico o psíquico que le impidan gobernarse por si mismo.” Sólo un juez mediante sentencia puede declarar a una persona como incapaz, así como determinar el alcance de la misma, que será diferente en función del grado de deficiencia de la persona en cuestión. En efecto, que una persona sea declarado incapaz no significa necesariamente que a partir de ese momento otra vaya a controlar todos sus actos, sino sólo los que específicamente señale la sentencia, que su vez serán sólo los que el juez entienda que de hacerlos por si mismo, podría verse perjudicado de alguna manera.

¿Quién representa al incapaz en los actos que no pueda realizar por si sólo?

El juez nombrará un tutor, quien representará al incapaz en los actos que no pueda realizar por si sólo. Éste será elegido con aprobación del Ministerio Fiscal entre quienes se ofrezcan para ello y deberá rendir cuentas anualmente ante el juzgado por su gestión. Asimismo, para la realización de ciertas actuaciones de especial importancia, como internar al incapaz en un establecimiento de salud mental o de educación especial, vender o gravar sus bienes, renunciar a derechos, aceptar o repudiar una herencia, demandar en representación del tutelado salvo casos de urgencia o escasa cuantía, dar y/o tomar dinero en préstamos y disponer de bienes o derechos a título gratuitos el tutor deberá recabar previamente autorización judicial.

En los casos en los que el incapaz únicamente necesite que se complemente su capacidad de obrar en determinadas circunstancias señaladas en la sentencia, se nombrará un curador. Normalmente suele darse en casos de deficiencia mental leve o pródigos, es decir, personas que despilfarran o gastan sus bienes sin cuidado.

¿Qué pasos debo seguir si considero que un familiar mío debe ser incapacitado?

El proceso de incapacidad puede iniciarse mediante demanda firmada por abogado y procurador, en la que se expongan las razones por las que el solicitante entiende que su familiar debe ser incapacitado, aportando los documentos a su alcance que prueben los hechos contenidos en la demanda y ofreciendo que se nombre como tutor o curador una determinada persona. También el solicitante puede presentar una instancia en el juzgado para que sea el Ministerio Fiscal quien inste la incapacidad de esa persona. Y ello, toda vez que el ministerio público defiende al presunto incapaz y puede entender que la forma de protegerlo es declararlo como tal.

Tras recibir la demanda o solicitud del Ministerio Fiscal en su caso, el juzgado citará a las partes interesadas para la celebración de una vista.

¿En que pruebas se basa el juez para declarar a una persona incapaz?

El juez valorará todas las pruebas que aporten las partes al proceso, si bien, será imprescindible escuchar al presunto incapaz quien deberá someterse al examen médico forense y oír lo que tengan que decir al respecto sus parientes más próximos.

¿Es reversible la declaración de incapacidad?

Cuando la situación en la que se encontraba el incapaz en el momento de dictarse sentencia varíe, podrá iniciar un nuevo proceso de incapacidad a fin de que o bien se le declare capaz de nuevo o se reduzcan los actos para los que necesita la asistencia del tutor o curador.

Conclusión

Debemos perder el miedo a este tipo de procesos y asumir, que muchas veces son la única forma de proteger a un familiar que no es consciente de su enfermedad y/o de que muchos de sus actos se pueden volver en su contra. De tal forma que prevenir que éstos se produzcan a través de la declaración de incapacidad, es mucho más rápido y sencillo que revertir las consecuencias del mismo.

Rosa López

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000.

En el 2001 realizó el Master en el Ejercicio de la Abogacía impartido por la Universidad Carlos III de Madrid, compatibilizando sus estudios con su trabajo como abogada.

Comenzó su trabajo profesional en el 2001 en Sampere y Asociados llevando asuntos de Derecho Laboral.

Se incorpora a ABA Abogadas en el 2002, donde ha adquirido una dilatada experiencia en el ejercicio de la abogacía, incluyendo presencia en los tribunales, en las áreas de:

  • Derecho de Familia, en todo tipo de temas relacionados con divorcios (ejecuciones y modificación de medidas, custodia, liquidación de la sociedad de gananciales) y otros asuntos de Derecho Civil (arrendamientos urbanos, liquidación de la cosa común, reclamaciones de cantidad, nulidad de escrituras públicas, incumplimiento contractual…).
  •  Derecho Laboral (indemnizaciones, levantamiento del velo, modificación de condiciones laborales, reclamación de derechos).

En el 2008 es nombrada socia del despacho ABA Abogadas.

En 2010, realiza el curso de Master en Administración y Dirección de Despachos en el Instituto Superior de Derecho y Economía.

Conferencias, cursos impartidos

  • Profesora en el Master de la abogacía de la Universidad Europea de Madrid (cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016).

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