Un transcurso excesivo de tiempo a la hora de reclamar judicialmente nuestras legítimas pretensiones, puede ser considerado como un abuso e impedir que puedan hacerse efectivos derechos que nos habían sido legítimamente reconocidos, bien por sentencia, bien por acuerdo privado entre las partes. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su reciente y novedosa Sentencia de 12 de diciembre de 2018.