Desde el 1 de septiembre de 2026, determinados trabajadores que se encuentren de baja laboral o inmersos en procedimientos relacionados con una incapacidad deben prestar especial atención a las comunicaciones de la Seguridad Social.
La entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026 amplía los supuestos en los que las notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social deben realizarse obligatoriamente por medios electrónicos. El cambio afecta, entre otros, a quienes soliciten o perciban prestaciones por incapacidad temporal y a determinadas comunicaciones relativas a incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes.
Se trata de una modificación importante, especialmente porque afecta a personas que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad debido a su estado de salud.
¿A quién afectan las nuevas notificaciones electrónicas de la Seguridad Social?
La nueva regulación incorpora a la notificación electrónica obligatoria a las personas que soliciten o estén percibiendo una prestación por incapacidad temporal, así como a quienes reciban determinadas notificaciones o comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente o con procedimientos relativos a lesiones permanentes no incapacitantes.
Esto supone un cambio relevante en la manera en la que estos trabajadores deben relacionarse con la Administración y obliga a prestar una mayor atención a los canales electrónicos habilitados.
Un plazo de 10 días naturales que no debe pasarse por alto
Uno de los aspectos más importantes de esta nueva realidad es el plazo para acceder a las notificaciones.
El trabajador dispone de 10 días naturales para abrir la notificación electrónica desde que esta se pone a su disposición. Si no accede a ella durante ese periodo, se entiende rechazada y la Administración puede considerar realizado el trámite y continuar con el procedimiento.
No abrir una comunicación, por tanto, no paraliza sus efectos ni impide que el procedimiento siga avanzando.
Esta circunstancia hace especialmente importante que los trabajadores afectados conozcan el funcionamiento del sistema y revisen adecuadamente sus comunicaciones electrónicas, ya que determinados trámites pueden tener consecuencias relevantes sobre su prestación o situación laboral.
¿Qué problemas puede generar este nuevo sistema?
La digitalización permite agilizar los procedimientos y reducir los tiempos asociados a las comunicaciones postales, pero también plantea algunos retos.
Uno de ellos es la denominada brecha digital. No todas las personas tienen el mismo nivel de familiaridad con las herramientas electrónicas y, en este caso, la obligación afecta precisamente a trabajadores que pueden estar atravesando problemas físicos o psicológicos que dificulten la gestión de este tipo de trámites.
Además, el artículo publicado en Law&Trends aborda las posibles consecuencias que puede tener para el trabajador no conocer a tiempo una resolución de la Seguridad Social, especialmente cuando esta afecta a una situación de incapacidad o a un eventual alta.
Mayor control sobre las incapacidades laborales
La nueva medida también debe entenderse dentro de un contexto de mayor control de los procesos de incapacidad temporal y permanente.
En el análisis publicado por Law&Trends, Tania Pose, abogada de ABA Abogadas, aborda precisamente esta cuestión y señala que la medida supone un estrechamiento del control sobre las incapacidades con el objetivo de limitar posibles abusos del sistema, aunque ello también puede terminar afectando a personas que se encuentran legítimamente en situación de baja o incapacidad.
El cambio, por tanto, no es únicamente tecnológico. Tiene importantes implicaciones prácticas para los trabajadores y hace todavía más necesario conocer los procedimientos, atender las comunicaciones de la Seguridad Social y reaccionar dentro de los plazos establecidos.
¿Qué deben hacer los trabajadores a partir de ahora?
La principal recomendación es no desatender las comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social durante una baja laboral o un procedimiento de incapacidad.
Conocer que existe una notificación y acceder a ella dentro del plazo puede resultar determinante para poder actuar a tiempo, especialmente cuando la resolución administrativa afecta al reconocimiento, mantenimiento o finalización de una prestación.
La digitalización puede agilizar la relación con la Administración, pero también exige una mayor responsabilidad por parte del ciudadano a la hora de consultar y gestionar sus notificaciones.
Puedes leer el artículo completo de Law&Trends, con la participación de nuestra compañera Tania Pose, para conocer en profundidad las implicaciones de esta nueva obligación, aquí.
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