Los fallos en las pulseras antimaltrato han puesto en cuestión la eficacia de uno de los mecanismos destinados a proteger a las víctimas de violencia de género. Las incidencias técnicas, las falsas alarmas y los problemas con los registros de geolocalización no solo generan preocupación por la seguridad de las mujeres, sino que también pueden tener consecuencias importantes en los procedimientos judiciales.
Nuestra compañera Lara Sánchez aborda esta problemática en su artículo «Víctima y, otra vez, indefensa», publicado en La Voz de Galicia, donde analiza cómo las deficiencias de estos dispositivos pueden acabar perjudicando precisamente a las personas que deberían proteger.
Los fallos en las pulseras antimaltrato y sus consecuencias judiciales
Los dispositivos telemáticos permiten controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y detectar posibles acercamientos a las víctimas. Además de emitir alertas, registran información que puede utilizarse como prueba ante los tribunales.
Sin embargo, los problemas surgidos tras el cambio de la empresa encargada del servicio a finales de 2024 provocaron incidencias en la transferencia de datos y pérdidas de información de geolocalización.
Estas deficiencias han dificultado la acreditación de posibles quebrantamientos de las medidas judiciales, dando lugar a sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias por falta de pruebas suficientes.
El problema es especialmente grave porque, aunque pueda existir una sospecha de incumplimiento, los tribunales necesitan pruebas fiables para determinar la responsabilidad penal.
Falsas alarmas y problemas de cobertura
Las incidencias no se limitan a la pérdida de registros. La Fiscalía Superior de Galicia también ha advertido de problemas relacionados con las falsas alertas, los avisos de corta duración y las dificultades de cobertura, especialmente en municipios pequeños y zonas próximas a la frontera con Portugal.
A ello se suma que las zonas de exclusión establecidas por los dispositivos pueden generar avisos que no siempre responden a un acercamiento intencionado.
Esta situación complica el trabajo de los órganos judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben distinguir entre errores técnicos y posibles incumplimientos reales de las órdenes de alejamiento.
La dificultad de acreditar un quebrantamiento de la orden de alejamiento
Para condenar por un delito de quebrantamiento no basta con que el dispositivo emita una alerta. Es necesario acreditar que se ha producido un incumplimiento de la medida judicial y que concurren los requisitos para considerar la conducta delictiva.
Cuando los datos de geolocalización son incompletos o existen dudas sobre el funcionamiento del dispositivo, puede resultar imposible demostrar lo ocurrido con la certeza que exige un procedimiento penal.
En estos supuestos, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo obligan a resolver las dudas razonables a favor de la persona acusada.
Esto puede dejar a las víctimas en una situación especialmente delicada: los mecanismos establecidos para garantizar su seguridad no siempre permiten acreditar judicialmente los posibles incumplimientos.
La necesidad de garantizar una protección eficaz
La reiteración de incidencias pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas telemáticos fiables, capaces de detectar situaciones de riesgo y proporcionar información válida para los procedimientos judiciales.
Las pulseras antimaltrato son una herramienta importante en la protección de las víctimas de violencia de género, pero su eficacia depende de que funcionen correctamente.
Por ello, resulta fundamental corregir las deficiencias técnicas y garantizar que estos dispositivos cumplan la finalidad para la que fueron implantados: proteger a las víctimas y facilitar una respuesta judicial eficaz ante posibles quebrantamientos.
Porque cuando falla un sistema de protección, las consecuencias van mucho más allá de un problema tecnológico.
