La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó con fecha 30.09.2022 una propuesta de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para lograr una coordinación eficaz entre los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y los Juzgados de Primera Instancia que tramitan procedimientos de familia.
¿Qué dice la propuesta?
La propuesta pretende establecer un cauce de comunicación y consulta que permita a los órganos con competencias en materia de familia tener conocimiento y acceso a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer cuando el presunto agresor y víctima estén incursos en trámites de separación.
De esta forma, antes de resolver sobre la admisión de una demanda de separación o divorcio, de dictar una sentencia o de homologar un convenio regulador los Juzgados deberán comprobar si existen procedimientos penales de violencia, sentencias condenatorias o medidas cautelares que puedan afectar al proceso de disolución matrimonial.
Coordinación entre los juzgados
Para ello es necesario elaborar un protocolo de actuación y coordinación entre los Juzgados con mecanismos de interconexión digital entre los órganos jurisdiccionales que permita conocer con inmediatez las resoluciones que afecten a los procedimientos en curso de los que estén conociendo.
Esta necesidad de coordinación se ha revelado imprescindible a la vista de casos como el ocurrido recientemente en Sueca (Valencia), donde un menor de 11 años fue asesinado por su padre, quien tenía una condena por maltrato y prohibido cualquier tipo de contacto con el menor y su madre, quien ostentaba la guarda y custodia y patria potestad en exclusiva.
Sin embargo, un mes después, el padre y la madre del menor ratificaron de mutuo acuerdo un convenio regulador de divorcio con custodia compartida que habían presentado en julio. En este caso ninguna de las partes informó al juzgado de que una sentencia firme ya había regulado estas cuestiones.
En efecto, en la actualidad son las partes las que tienen que informar al Juzgado de familia sobre la existencia de medidas penales que afecten al procedimiento, pero más allá de esto no existe ningún mecanismo que otorgue al Juzgado la posibilidad de comprobar y corroborar dicha información, operando como jurisdicciones estancas e independientes, lo que las hace altamente ineficaces.
Es por tanto necesario dotar a la Administración de Justicia de mecanismos y herramientas de control y coordinación que eviten desenlaces fatales como el reciente caso de violencia de vicaria ocurrido en Sueca, lo cual es perfectamente viable máxime si tenemos en cuenta la digitalización de los procedimientos que se lleva a cabo en la actualidad en los diferentes órganos jurisdiccionales.
Lara Sánchez, asociada en ABA Abogadas
