Cuando una víctima de violencia sexual o de género interpone una denuncia, espera que la Administración de Justicia le proporcione protección y atención adecuada. Sin embargo, muchas veces las víctimas enfrentan una revictimización secundaria al ser cuestionadas o culpabilizadas por las instituciones, lo que agrava su vulnerabilidad.
El primer contacto con el sistema judicial, durante la declaración en fase de instrucción, es un momento crítico. Aunque es necesario esclarecer los hechos, este proceso debe realizarse con respeto, empatía y sin prejuicios de género, evitando preguntas que culpabilicen a la víctima o cuestionen su relato.
La legislación, como el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y guías como las publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, buscan evitar este maltrato institucional mediante protocolos y medidas para proteger la intimidad de las víctimas y garantizar un trato digno.
A pesar de los avances normativos, todavía falta especialización y una adecuada perspectiva de género en los operadores jurídicos, ya que persisten prácticas anacrónicas que dificultan el acceso a una justicia justa y respetuosa para las víctimas.
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