No hay datos para apoyar la afirmación de un incremento de las denuncias falsas; para una mujer maltratada, denunciar es el comienzo de un muevo calvario, ya que al maltrato sufrido se añade la conciencia de culpabilidad por la denuncia.

Hay una prueba contundente sobre la gravedad real de la violencia de género en España: las casi cien mujeres muertas que se contabilizan todos los años. Y no hay consuelo ninguno, porque los estudios señalan que sólo un discretísimo 10% de mujeres se atreven a denunciar los maltratos y para llegar a tomar la decisión soportan la violencia sexista durante no menos de diez años antes de decir «¡ya está bien!».

Las cifras caminan siempre en contra de la esperanza, puesto que las denuncias por violencia de género se acercan al medio millón en tres años. Desde 2007 hasta 2010 han sido 470.706 las denuncias interpuestas, con un crecimiento alrededor del 17% en este período de tiempo. Hay que contemplar con mirada positiva estas tristes cifras porque constatan que cada vez hay más denuncias porque cada vez se confía más en la conveniencia de denunciar y de no tolerar en silencio la violencia.

Tres de cada cuatro órdenes de protección son aceptadas por el Juzgado de Instrucción, concediéndose órdenes de protección en un 73% de los casos, mientras que las condenas en sentencia dictadas por los Juzgados de lo Penal son del 53% aproximadamente. En este incremento de las cifras se apoyan las opiniones, demasiado generalizadas entre algunos sectores, incluso de la propia judicatura, sobre que estas denuncias suelen ser interpuestas para conseguir un provecho en los procesos de separación y divorcio. Las denunciantes esperan crear una predisposición emocional favorable de modo que la concesión de una orden de protección previa a la separación o divorcio les suponga un beneficio posterior en dichos procesos. En definitiva, que se conseguirán mejores condiciones en la separación. En este razonamiento se escudan las voces que niegan el incremente del maltrato, afirmando que se trata, en cambio, de una estrategia procesal que da lugar al incremento este tipo de denuncias.

No puede negarse que se puede llegar a obtener alguna ventaja en el proceso de separación. Por ejemplo, mediante una denuncia por violencia, si se consigue una orden de protección, se podrían conceder medidas civiles y así se tendría ya, antes de ir al proceso matrimonial, atribuido el uso y disfrute del domicilio, o la guarda y custodia de los menores o pensiones de alimentos. Sin embargo, estas medidas civiles no se acuerdan más que en un tercio de las ocasiones, por lo que la ventaja más real es verdaderamente la más auténtica: la necesidad de tener «alejado» al agresor. Debe tenerse en cuenta que el juez nunca esta vinculado por las medidas civiles obtenidas en el proceso penal para tener que mantenerlas en el civil.

Además, en los procesos de separación o divorcio en los que existe o ha existido violencia de género o simplemente se ha denunciado la misma, se atribuye la competencia a los Juzgados de Violencia de Género, lo que se traduce en un perjuicio al demandante al producirse una gran demora en la resolución final de los mismos, ya que están absolutamente colapsados. También es relevante el inconveniente añadido de que los Juzgados de Violencia de Género son especialistas en el orden penal, no siendo especialistas en Derecho de Familia con sus muchas peculiaridades. En este orden de cosas, muchos profesionales somos partidarios de la regulación de un proceso civil más ágil para resolver los conflictos de las familias sin tener que derivar hacia la vía penal.

El tópico de las falsas denuncias

Se dan varias explicaciones para el aumento de las denuncias por violencia que se ha producido regularmente desde la entrada en vigor la ley: mayor información de las victimas, recomendaciones legales de denunciar en todos ámbitos… Hay jueces de violencia que abiertamente acusan de un exceso de denuncias de violencia sexista, poniendo el acento en la posibilidad de un incremento de las denuncias falsas, mediante la utilización fraudulenta del proceso. Quizá por ello, algunos sectores acusan a los jueces de violencia de actuar de manera misógina, a pesar de ser mujeres el 75% de los jueces. Los jueces se defienden afirmando que «sufren una presión mediática y social muy fuerte» cuando se enfrentan a estos casos de violencia y que eso provoca una «justicia defensiva» que no es buena para solucionar el problema.

Sin embargo, no hay datos para apoyar la afirmación de un incremento de las denuncias falsas. Según asociaciones de mujeres, los estudios revelan que se denuncia menos del 10% de la realidad de la violencia de género. Y si bien es verdad que han aumentado las denuncias, debemos agradecérselo a la concienciación social y pública, a las compañas publicitarias y a una toma de postura más activa y reivindicativa de las mujeres.  En modo alguno el incremento de las denuncias supone un dato por el que quepa deducir la existencia de denuncias falsas.

Desde siempre se ha puesto en duda por diversos sectores de la sociedad la credibilidad de las mujeres que denuncian. Lo cierto es que, para una mujer maltratada, denunciar es el comienzo de un muevo calvario, ya que al maltrato sufrido se añade la conciencia de culpabilidad por la denuncia. Han existido pocas denuncias de falsedad pero no hay condenas relevantes en ningún caso, «apenas tres este último año», aunque algunos lo achacan a que el Ministerio Fiscal no actúa nunca de oficio, de manera negligente, por las muchas falsedades que se vierten en los juicios.