Nunca es tarde si la dicha es buena. Han transcurrido diez años desde que la ONU y diversas entidades dieron la voz de alarma: era necesario contar con una ley eficaz y contundente para proteger a los menores frente a cualquier tipo de violencia. Una década después, y a falta de previsibles ajustes en sede parlamentaria, España aprueba una de las leyes más ambiciosas de su entorno respecto a la protección de los más vulnerables.
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