Aunque ha sido la gota que colma el vaso, George Floyd no ha sido el único. Breanna Taylor o Tony McDade son otros nombres de una larga lista de personas negras asesinadas en Estados Unidos a manos de policías.

Estos asesinatos han dado lugar a un gran número de manifestaciones a lo largo de todo el mundo reclamando justicia y cambios efectivos en el sistema que acaben con estos crímenes.

El racismo procedente de las personas y de las instituciones públicas no es un problema exclusivo de Estados Unidos: en España también debemos ser conscientes de su existencia y de la necesidad de adoptar medidas eficaces para combatirlo.

No es suficiente con que, en el plano teórico, el derecho a la no discriminación haya sido consagrado en el artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, sino que debe verse una aplicación práctica y real de este principio básico.

Una de las grandes críticas a España desde diversos organismos internacionales es algo tan básico como que nuestra Constitución no reconoce explícitamente el derecho a la igualdad ante la ley para los extranjeros: nuestro artículo 14 únicamente se refiere a los españoles. Además, todavía carecemos de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, algo que en 2013 ya advirtió el entonces Relator Especial de la ONU, Mutuma Ruteere.

De acuerdo con el informe relativo al Análisis de casos y sentencias entre los años 2014 y 2017 en materia de racismo, xenofobia, lgtbifobia y otras formas de intolerancia (elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), la mayoría de los delitos de odio son por motivos de origen racial o étnico, produciéndose los mismos predominantemente en la vía pública -donde prevalecen los delitos de lesiones- o a través de medios de comunicación virtual -donde prevalecen los delitos de amenazas-.

Son también llamativos los datos que ofrece este informe en relación a la pertenencia de los acusados a un grupo concreto. En los fallos judiciales analizados, el 14 % de acusados formaban parte de la Administración pública, dentro de los cuales un 82 % pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el 18 % restante, a cargos políticos en la Administración.

Es posible que estas cifras sean incluso mayores, puesto que muchos inmigrantes en situación administrativa irregular en España no denuncian por miedo a ser expulsados de nuestro país.

Otra conducta sobre la que debemos poner el foco en España son las identificaciones policiales basadas en perfiles étnicos y raciales. Ya en el año 2009, en el caso de Rosalind Williams LeCraft contra España, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que este tipo de prácticas suponían una vulneración del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, al afectar a la dignidad de las personas y la propagación de actitudes xenófobas entre la población.

No solo las instituciones públicas deben escuchar a las organizaciones que luchan contra el racismo con el fin de aprobar leyes y políticas que permitan combatirlo y acabar con él. También nosotros, como sociedad, debemos preocuparnos por escuchar estas voces, aprender y tomar una actitud activa para lograr un cambio efectivo. Solo así conseguiremos avanzar hacia una sociedad igualitaria.

[Artículo publicado originalmente en La Voz de Galicia]