Con el delito de quebrantamiento de condena, el Código Penal pretende proteger un doble bien jurídico. Por un lado, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Por el otro —y sobre todo—, la seguridad y tranquilidad de la persona a la que se quiere proteger con la resolución en que se acuerda la medida o se impone la pena.

En este sentido, una Sentencia reciente del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto contra otra Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en la que  se ratificaba la condena impuesta, por el Juzgado de lo Penal, de un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena con la agravante de reincidencia.

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