Con la crisis y tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, se dictaron respectivamente el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social