En lo que va de año según el INE han sido asesinadas 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 12 de las cuales eran menores de 50 años, 8 de ellas habían denunciado y 5 tenían medidas de protección acordadas en un proceso judicial.
Esta información del INE abarca hasta el 23 de mayo de 2022 y en los últimos 8 días, a fecha de hoy han sido asesinadas 4 mujeres más, es decir en este año han sido asesinadas un total de 19 mujeres, una media de casi 4 mujeres al mes.
Se trata de un auténtica lacra social y resulta impensable que tales agresiones se produjeran respecto a los hombres, los niños, los ancianos o cualquier otro grupo social.
Nos preguntamos qué está pasando y porqué no cesa este feminicidio y existe una respuesta clara y principal que es la educación y los roles sociales que continúan perpetuándose, e incluso en la actualidad incrementándose con el discurso de la extrema derecha y la no tan extrema, en la que se niega la realidad de la violencia de género, discurso que vemos como penetra en la sociedad, encontrándonos en la actualidad con la ruptura del consenso existente sobre la realidad de la violencia de género y la necesidad de exterminarla. Esto afecta también a la sensibilidad del personal de la administración vinculado a estos casos, que también carecen de una especialización para el tratamiento, comprensión y gestión de la violencia de género.
Estudios actuales ponen de relieve que el 50% de los jóvenes niegan la existencia de violencia de género y este es un dato ciertamente alarmante porque son el futuro.
Pero por otra parte vemos como las medidas legales de protección no funcionan, se producen muchas agresiones a pesar de la existencia de órdenes de protección a favor de las víctimas, así como una importante descoordinación entre los diversos organismos que intervienen en estos asuntos: cuerpos y fuerzas de seguridad, juzgados, servicios sociales, etc..y de hecho en uno de los últimos crímenes en Zaragoza nos encontramos con que el agresor estaba en busca y captura por un quebrantamiento de condena por un asesinato de otra mujer en el año 2001.
En este sentido, es importante destacar que son pocas las denuncias por violencia machista que provienen de los profesionales de la sanidad, la enseñanza o los servicios sociales, que podrían detectar indicios sobre casos de violencia en contra de una mujer, pero que, en muchas ocasiones, no son conscientes de su obligación de denunciar.
Junto a esta concienciación, parece también necesario implementar otra serie de medidas que, en todo caso, requieren la modificación de leyes como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica del Poder Judicial, de hecho en la actualidad se están promulgando distintas leyes para una mayor protección de las víctimas, como la Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia o la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, si bien tristemente debido a la necesidad de ir corrigiendo los fallos del sistema que se ponen de manifiesto con cada agresión.
